¿Qué debe documentarse exactamente?

En particular, la identificación de las partes y del titular real, la base de la evaluación de riesgo y los resultados de los análisis realizados — y, en la medida en que el riesgo lo exija, la información recabada y los justificantes examinados sobre la procedencia de los fondos o del patrimonio. Una comprobación reforzada del origen de fondos no está prescrita con el mismo alcance en toda operación.

La obligación va mucho más allá de una copia del documento de identidad. En principio debe conservarse todo lo recibido o generado en el marco de la diligencia debida: documentos de identificación, declaraciones del cliente, documentación contractual y los resultados de los análisis realizados.

El reglamento de desarrollo lo concreta en dos niveles:

1. El art. 28 RD 304/2014 regula la conservación de los documentos de diligencia debida.
2. El art. 29 RD 304/2014 regula las demás obligaciones de conservación — en particular los registros de las operaciones, que deben permitir reconstruir cada transacción individual.

Una motivación documentada de las evaluaciones de riesgo relevantes no es una exigencia literal para cada caso concreto, pero facilita notablemente su trazabilidad posterior.

Base legal: Ley 10/2010, Art. 25; Real Decreto 304/2014, Art. 28–29

Consejo práctico: «Revisado, sin incidencias» es el contenido de expediente más frecuente y el menos útil. Recoge el resultado, no la comprobación — y es justamente por esta última por lo que pregunta una inspección años después.